Foto.-La Cumbre Amazónica realizada en Tarapoto, reunió voceros de diferentes tiendas políticas y organizaiones que favorecieron la concepción de que los nativos fueron masacrados por la Policía y el Gobierno en Bagua...CUMBRE AMAZONICA EN TARAPOTO PROTESTO ENERGICAMENTE CONTRA EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA SOBRE LOS SUCESOS DE BAGUA.
A Continuaciòn les ofrecemos el texto completo del Comentario de Maria Mèndez, Publicado en el Diario Expreso de Lima; que tiene la otra versión---
Policías mártires y visión de paísMaría Méndez
Luego de la crisis de Bagua ha surgido una corriente, nacional e internacional, de solidaridad con los pueblos nativos de la Amazonía peruana. Y está bien que ello suceda pues se trata de una de las minorías más ignoradas históricamente por el Estado y la sociedad. Es urgente incorporarlas al proceso de desarrollo y a los beneficios de la modernidad, todo ello con respeto de su cultura y del medioambiente.
Pero sucede que muchos de los que promueven esta corriente siguen hablando de la “masacre” de Bagua como si el Estado hubiese perpetrado una masacre contra los indígenas. Se trata de una falacia interesada que debemos combatir con firmeza pues lo que ocurrió en verdad el 5 de junio fue una masacre de 24 policías peruanos, asesinados con crueldad y sevicia, la mitad de ellos degollados cuando se encontraban desarmados y en actitud dialogante. Ciertamente fallecieron también 10 civiles, pero sus muertes ocurrieron circunstancialmente, cuando se despejaba la carretera bloqueada, es decir no fueron asesinados a mansalva como sí lo fueron los policías. Más allá de la barbarie intrínseca del homicidio, sorprende que el país, y con ello me refiero a sus autoridades, sus políticos, sus gremios, sus empresarios, sus líderes de opinión, sus periodistas, sus organizaciones no gubernamentales, no hayan reaccionado con suficiente fuerza para condenar este abominable crimen, que ha sido relativizado con la manida frase de “lamentar todas las muertes de Bagua, trátese de policías o nativos”. Es más, cuando el gobierno buscó frenar la desinformación (que le atribuía un genocidio de nativos) mediante un crudo spot que mostraba los cuerpos de los policías victimados, lo retiró del aire rápidamente atendiendo un pedido “políticamente correcto”. Nuestros ojos no querían ver que algunos nativos, objeto de la solidaridad general, habían sido capaces de tal horror.
Algo muy grave sucede en la sociedad peruana cuando consideramos tolerable que los encargados de la seguridad ciudadana y el orden público sean asesinados y los culpables exonerados de responsabilidad porque tienen una “cosmovisión” distinta, porque son un “pueblo guerrero”, porque su territorio estaba “amenazado”, porque “el operativo fue mal planificado” o porque hay siglos de olvido y exclusión. Tales argumentos lo que hacen es consolidar la discriminación histórica contra los nativos al colocarlos en la categoría de menores de edad o inimputables. La ciudadanía plena de los nativos (y de todos) implica el ejercicio de derechos y deberes, asumir la responsabilidad de los propios actos y no amparar comportamientos execrables en ideologías justificatorias. Ningún país que se respete puede permitir que sus policías sean degollados y no pase nada. No es posible construir instituciones sólidas, base de la democracia y del estado de derecho, si la sociedad no asume una posición clara de defensa de la Policía Nacional. Más allá de la debilidad institucional de la PNP, de los errores históricos del Estado y de las fallas en la gestión del gobierno, es urgente generar una corriente que incorpore a nuestra visión de futuro como país civilizado, democrático y desarrollado, una cultura de respeto a la ley y de revalorización de la Policía Nacional como institución fundamental de la República.
Luego de la crisis de Bagua ha surgido una corriente, nacional e internacional, de solidaridad con los pueblos nativos de la Amazonía peruana. Y está bien que ello suceda pues se trata de una de las minorías más ignoradas históricamente por el Estado y la sociedad. Es urgente incorporarlas al proceso de desarrollo y a los beneficios de la modernidad, todo ello con respeto de su cultura y del medioambiente.
Pero sucede que muchos de los que promueven esta corriente siguen hablando de la “masacre” de Bagua como si el Estado hubiese perpetrado una masacre contra los indígenas. Se trata de una falacia interesada que debemos combatir con firmeza pues lo que ocurrió en verdad el 5 de junio fue una masacre de 24 policías peruanos, asesinados con crueldad y sevicia, la mitad de ellos degollados cuando se encontraban desarmados y en actitud dialogante. Ciertamente fallecieron también 10 civiles, pero sus muertes ocurrieron circunstancialmente, cuando se despejaba la carretera bloqueada, es decir no fueron asesinados a mansalva como sí lo fueron los policías. Más allá de la barbarie intrínseca del homicidio, sorprende que el país, y con ello me refiero a sus autoridades, sus políticos, sus gremios, sus empresarios, sus líderes de opinión, sus periodistas, sus organizaciones no gubernamentales, no hayan reaccionado con suficiente fuerza para condenar este abominable crimen, que ha sido relativizado con la manida frase de “lamentar todas las muertes de Bagua, trátese de policías o nativos”. Es más, cuando el gobierno buscó frenar la desinformación (que le atribuía un genocidio de nativos) mediante un crudo spot que mostraba los cuerpos de los policías victimados, lo retiró del aire rápidamente atendiendo un pedido “políticamente correcto”. Nuestros ojos no querían ver que algunos nativos, objeto de la solidaridad general, habían sido capaces de tal horror.
Algo muy grave sucede en la sociedad peruana cuando consideramos tolerable que los encargados de la seguridad ciudadana y el orden público sean asesinados y los culpables exonerados de responsabilidad porque tienen una “cosmovisión” distinta, porque son un “pueblo guerrero”, porque su territorio estaba “amenazado”, porque “el operativo fue mal planificado” o porque hay siglos de olvido y exclusión. Tales argumentos lo que hacen es consolidar la discriminación histórica contra los nativos al colocarlos en la categoría de menores de edad o inimputables. La ciudadanía plena de los nativos (y de todos) implica el ejercicio de derechos y deberes, asumir la responsabilidad de los propios actos y no amparar comportamientos execrables en ideologías justificatorias. Ningún país que se respete puede permitir que sus policías sean degollados y no pase nada. No es posible construir instituciones sólidas, base de la democracia y del estado de derecho, si la sociedad no asume una posición clara de defensa de la Policía Nacional. Más allá de la debilidad institucional de la PNP, de los errores históricos del Estado y de las fallas en la gestión del gobierno, es urgente generar una corriente que incorpore a nuestra visión de futuro como país civilizado, democrático y desarrollado, una cultura de respeto a la ley y de revalorización de la Policía Nacional como institución fundamental de la República.
